Una investigación periodística ha comenzado para entender los entretelones e intereses que puedan existir para sacar a Félix D. Arroyo del juego
En 1984, mientras era miembro del equipo del Senador John Kerry, el puertorriqueño Félix D. Arroyo fundó The Latino Democratic Commitee, la primera organización política de los latinos en todo el estado de Massachusetts. Luego fue el primer latino en tener un cargo administrativo en la ciudad de Boston, donde fue director de personal bajo el liderazgo de Raymond L. Flynn, entre 1985 y 1992. Después se convirtió en el primer latino en llegar al Comité de Escuelas de la Ciudad de Boston, y presidió esa importante institución hasta 1999. Su intachable carrera administrativa y su misión como promotor de los valores de la cultura latina lo hizo llegar a ser el primer latino electo como Concejal de la Ciudad de Boston hasta el 2005. En 2014 fue electo como Juez o Registrador de Testamentos y Asuntos de Familias del condado de Suffolk, donde su labor ha sido reconocida, en especial por muchas familias inmigrantes que habitan en Boston, quienes agradecen su gestión.
“En esta elección Arroyo obtuvo una de las sillas más apetecibles en el sistema de cortes del estado” dijo una persona cercana a la antigua Juez registradora Patricia Campatelli.
Como se sabe, hace tres semanas, Arroyo fue suspendido de su cargo sin que se diese a conocer una causa certera que motivara la medida. Su abogado Walter B. Prince no solo alega que se trata de un presunto sabotaje interno para entorpecer el buen desempeño de Arroyo, sino que increíblemente no se le permite tener acceso a la investigación que se le lleva a cabo a su cliente.
Un ex funcionario de la Corte de Sucesiones y Familia de Suffolk declaró a The Boston Globe que, bajo la dirección de Arroyo, la oficina estaba “desorganizada”, lo cual, lejos de aportar una verdadera causa hace el caso aún más ambiguo.
Un actual empleado de la Corte le dijo al periódico Bay State Banner que Arroyo se había encargado de hacer ajustes en el personal para que esta Corte fuese un centro de justicia que se adaptase a la nueva realidad de la comunidad de ciudadanos en Massachusetts, una demografía diversa y multilingüe.
Recientemente, Jennifer Donahue, una vocera del Juzgado de Massachusetts, declaró que la Corte de Testamentos y Asuntos de Familia de Suffolk (a cargo de Arroyo) presenta “serias deficiencias” en sus operaciones de registro, las suficientes para amenazar el buen servicio de ese tribunal para prestar un eficiente servicio al público. Donahue agregó que la medida de suspender a Arroyo responde a la necesidad de “asegurar que su gestión satisface las necesidades de aquellos a quienes servimos en la justicia”.
Arroyo, quien fue suspendido de sus funciones bajo un “permiso remunerado”, obtiene ingresos anuales de 139.789 dólares.
De acuerdo a lo publicado en The Boston Globe, las circunstancias que rodean la suspensión de Arroyo continúan siendo un misterio. Por su parte, el funcionario ha contratado un abogado que exige al Juzgado revelar públicamente los detalles de la investigación.
